Desde las autoridades antioqueñas están buscando mecanismos para tener cómo financiar los temas de seguridad y convivencia ciudadana, por medio de un recaudo en la tarifa de energía a los estratos, comercios e industrias – con mayor capacidad económica; lo cual le entregaría al departamento aproximadamente 1,2 billones de pesos.
Los diferentes sectores de la sociedad valoran la planeación de la estrategia y señalan que en estos tiempos se debe ser solidarios.
El gobernador de Antioquia deja de manifiesto su sensación de tristeza, por cómo se encuentran la infraestructura de seguridad en varios municipios del departamento, y por ello reitera la necesidad de implementar esta tasa a partir de enero de 2025.
Con los recursos que le solicitan a los antiqueños con mayor capacidad adquisitiva – se busca mejorar las cámaras de seguridad, los centros carcelarios, los escuadrones de uniformados, las estaciones de policías y que las placas polideportivas se conviertan en centros de convivencia.
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